Principales obligaciones establecidas por la Ley Rider
La Ley Rider se aplica a las empresas que utilizan a repartidores autónomos en su modelo de negocio de envío a domicilio. Estas empresas son conocidas como plataformas digitales o empresas de economía colaborativa. En España, algunas de las empresas afectadas por esta ley son Glovo, Deliveroo o Uber Eats.
- La obligación de que las empresas que empleen a repartidores autónomos les proporcionen un seguro de accidentes y de responsabilidad civil. Este seguro debe cubrir los riesgos derivados del trabajo de los repartidores.
- La obligación de que las empresas realicen una formación específica a los repartidores sobre seguridad vial y normativa de tráfico. La formación debe ser gratuita y estar adaptada a las necesidades de los repartidores.
- La obligación de que los repartidores tengan acceso a la información relevante sobre los pedidos, incluyendo la dirección exacta de entrega y el importe a percibir. Esto es importante para que los repartidores puedan planificar su trabajo de manera eficiente.
- La obligación de que las empresas informen a los trabajadores sobre las medidas de seguridad e higiene que deben seguir para evitar contagios de enfermedades, como el COVID-19. Esto es especialmente relevante en un contexto de pandemia.
- La obligación de que las empresas realicen una evaluación de riesgos para garantizar la seguridad de los repartidores en su trabajo. Esta evaluación debe incluir riesgos relacionados con la seguridad vial, la carga y descarga de mercancías, y la exposición a sustancias peligrosas.
Empresas como Glovo o Uber Eats han sido multadas con cantidades millonarias por irregularidades con sus repartidores.
Asociaciones y multas
Es importante destacar que la Ley Rider también establece que los repartidores autónomos tienen derecho a organizarse y a formar asociaciones para defender sus intereses laborales. Esto es un reconocimiento importante del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva.
Además, se establecen sanciones para las empresas que no cumplan con las obligaciones establecidas por esta ley. Las sanciones pueden ir desde los 626 a los 6.250 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
